Rodrigo Escobar Gil es uno de los juristas más destacados de Colombia. Doctor Cum Laude en Derecho Administrativo por la Universidad Complutense de Madrid y abogado de la Pontificia Universidad Javeriana, ejerció como Magistrado y Presidente de la Corte Constitucional durante ocho años —único magistrado en 32 años de historia de la Corporación con período presidencial prorrogado— y como Comisionado, Vicepresidente y Relator Especial de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ante la OEA. Se desempeña además como árbitro en tribunales nacionales e internacionales. Dirige Rodrigo Escobar Gil Consultores, firma especializada en derecho público, constitucional, derechos humanos y arbitraje.
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Abogado, Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá.
Doctor en Derecho Administrativo, Universidad Complutense de Madrid. Director: Prof. Jesús González Pérez.
Publicación de La Responsabilidad Contractual de la Administración Pública, Editorial Temis, Bogotá.
Director del Fondo Rotatorio del Ministerio de Justicia y del Derecho de Colombia.
Director académico de diplomados en contratación administrativa, Universidad de La Sabana. Publica Teoría General de los Contratos de la Administración Pública, Editorial Legis.
Nombrado Magistrado de la Corte Constitucional de Colombia. Ponente en sentencias emblemáticas sobre derechos humanos y derechos sociales, económicos y culturales.
Elegido Presidente de la Corte Constitucional de Colombia (febrero 2007 – febrero 2008). Único magistrado en los 32 años de historia de la Corporación al que se le prorrogó el período como Presidente.
Concluye ocho años de magistratura. Exaltado por el Consejo Superior de la Judicatura con la Condecoración José Ignacio de Márquez, medalla de oro, por sus merecimientos excepcionales y contribución al enriquecimiento de la jurisprudencia.
Elegido Comisionado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Designado Relator Especial para los Derechos de las Personas Privadas de Libertad en las Américas y Relator de país para México, Argentina, Costa Rica y República Dominicana.
Elegido Vicepresidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, OEA. Lidera el proceso de reforma al reglamento, políticas y prácticas de la CIDH, aprobado el 18 de marzo de 2013.
Retorna al ejercicio privado. Funda Rodrigo Escobar Gil Consultores, firma especializada en derecho público, constitucional, derechos humanos y arbitraje.
Acciones constitucionales, tutela, nulidad y restablecimiento, litigios ante la Corte Constitucional.
Contratación estatal, responsabilidad del Estado, conciliación en lo contencioso-administrativo.
Litigio ante el SIDH, peticiones ante la CIDH, derecho internacional humanitario.
Representación de víctimas y Estados ante la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Asesoría a entidades públicas y privadas, reformas institucionales y mecanismos alternativos de solución de conflictos.
Árbitro en tribunales de arbitramento nacionales e internacionales en materias de derecho público, contratos estatales y derechos humanos.
El Contrato de Leasing Financiero
Editorial Temis, Bogotá
La Responsabilidad Contractual de la Administración Pública
Editorial Temis, Bogotá
La Conciliación en el Proceso Contencioso Administrativo. La Protección Jurídica del Ciudadano
Libro homenaje al Prof. Jesús González Pérez. Editorial Civitas, Madrid
El Pensamiento Constitucional de Bolívar
Ediciones Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá
Teoría General de los Contratos de la Administración Pública
Editorial Legis, Bogotá
La Transformación Jurídica del Contrato Administrativo en el Derecho Colombiano, Tomo IV
Ediciones Jurídicas Gustavo Ibáñez, Bogotá
El Principio General de la Buena Fe en los Contratos Administrativos
Revista Universitas, Pontificia Universidad Javeriana
Aspectos Constitucionales de la Reforma Urbana
Revista Universitas, Pontificia Universidad Javeriana
Consideraciones en torno a la Creación de una Corte Constitucional
Revista Universitas, Pontificia Universidad Javeriana
El Concepto de los Contratos de la Administración Pública
Revista Universitas, Pontificia Universidad Javeriana
El papel de la Corte Constitucional
Coautor con Luis Guillermo Guerrero Pérez
Discurso del Relator sobre los Derechos de las Personas Privadas de Libertad
CIDH — OEA / Dialnet
Miembro de la Academia Colombiana de la Abogacía (desde 2006).
Consultor internacional, Banco Interamericano de Desarrollo — Reformas Institucionales para América Latina (1999).
Consultor, ACNUR — Mecanismos de restitución de tierras y solución alternativa de conflictos (2009).
Relator de país CIDH para México, Argentina, Costa Rica y República Dominicana (2010–2014).
Director del Informe sobre el Uso de la Prisión Preventiva en las Américas, CIDH, Washington, diciembre de 2013.
Universidad Javeriana
Derecho Administrativo
Universidad Militar Nueva Granada
Derecho Administrativo
Universidad de La Sabana
Derecho Administrativo
Universidad del Rosario
Posgrado de Derecho Administrativo
Universidad Simón Bolívar, Barranquilla
Posgrado de Derecho Administrativo
Establece el carácter excepcional de la detención preventiva. Defensa de la libertad personal y la presunción de inocencia frente a medidas cautelares.
Avance hacia el carácter vinculante de la jurisprudencia en todos los ámbitos de la jurisdicción.
Fija límites a la autonomía judicial: la interpretación de la ley no puede desconocer derechos fundamentales.
Incorpora la teoría del derecho viviente al control abstracto de constitucionalidad.
Reconocimiento del consentimiento asistido en menores con estados intersexuales, compatible con la dignidad humana y el libre desarrollo de la personalidad.
Las obligaciones que se vencen durante el cautiverio no son exigibles. Amplía el régimen de protección de secuestrados y sus familias.
Examina la constitucionalidad del Acto Legislativo 02 de 2004 y establece los límites del poder de reforma constitucional.
Inaplicación del requisito de fidelidad de la Ley 860 de 2003 por efectos desproporcionados y regresivos en materia de derechos prestacionales.
Extiende el régimen de protección patrimonial de la Ley 54 de 1990 a las uniones de personas del mismo sexo.
La divulgación de identidad de agresores sexuales afecta la dignidad de las propias víctimas y sus familias.
Declara inconstitucional la Ley General Forestal por omitir la consulta previa; eleva ese deber al rango de derecho fundamental.
La adicción a sustancias psicoactivas es una enfermedad crónica: las EPS están obligadas a brindar atención médica integral al paciente.
Beca José María Samper
Banco de la República — Programa Centenario de la Constitución
Condecoración al aporte a la institucionalidad colombiana
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla
Orden Tayrona, Gran Cruz José Eduardo Gnecco Correa
Gobernación del Magdalena
Orden Grado Gran Cruz
Club de Abogados de Colombia
Orden Rodrigo Noguera Laborde al Mérito Universitario
Universidad Sergio Arboleda
Medalla Cívica de Cartagena de Indias, Gran Oficial
Alcaldía de Cartagena de Indias
Orden Rafael Núñez, Gran Oficial
Gobernación de Bolívar
Condecoración José Eustasio Rivera
Gobernación del Huila
Condecoración José Ignacio de Márquez, medalla de oro
Consejo Superior de la Judicatura — por merecimientos excepcionales y contribución al enriquecimiento de la jurisprudencia y el prestigio de la Administración de Justicia
Orden al Buen Ciudadano
Policía Nacional de Colombia
La Corte Constitucional estableció desde la sentencia C-774 de 2001 que la detención preventiva tiene naturaleza excepcional. Sin embargo, la práctica judicial y las reformas legislativas de los últimos lustros han erosionado ese principio.
La función del Magistrado de la Corte Constitucional trasciende la mera aplicación de normas. Es, ante todo, el guardián de los valores y principios que la sociedad ha consagrado como fundamento de la convivencia democrática.
Durante mis cuatro años como Relator Especial de la CIDH para las Personas Privadas de Libertad pude constatar que el hacinamiento, la violencia y la falta de acceso a la justicia son la norma, no la excepción, en los sistemas penitenciarios del continente.
El régimen jurídico de la contratación estatal en Colombia presenta asimetrías que colocan al contratista en posición de desventaja estructural frente a la Administración, vulnerando principios básicos de conmutatividad.
Para consultas sobre representación legal, asesoría institucional o participación académica, comuníquese directamente.
"La función del jurista es dar certeza y justicia ahí donde el conflicto amenaza el orden democrático."